Como estaba previsto, el Congreso de los Diputados celebró uno sesión plenaria en la que se debatió y aprobó la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, un texto cuyo arranque se remonta a mediados de 2020 para incorporar a nuestro acervo legal la Directiva de Residuos 2018/851 así como determinados aspectos de la Directiva sobre Plásticos de un Solo Uso 2019/904. Salvado el último escollo tras la valoración sobre el borrador que devolvió el Senado hace justo una semana, solo queda la publicación en el Boletín Oficial del Estado para que entre en vigor.
En la Cámara Alta se introdujeron novedades sobre todo en lo relativo al canon de vertederos, que establece un pago de entre 40 €/t y 10 €/t en función de la tipología del residuo que se trate cuando los mismos se destinen a vertedero o incineración, un punto que ha sido objeto de polémica el pasado mes por la presión de los grupos catalanes que entendían que podía suponer un menoscabo para la gestión que se realiza en esta comunidad, que cuenta con un canon propio. Sin embargo, el contenido de este punto no pudo modificarse por la presión recibida desde la Unión Europea, que no quiere que esta tasa se limite a regiones concretas (para evitar el transporte de residuos de una zona a otra con vistas a ahorrar el pago) y exigía por tanto que la medida tuviera carácter nacional. El texto final, sin embargo, incluyó una mención para que las autonomías que ya dispongan de esta figura mantengan la gestión del tributo.
Habrá veto al Bisfenol A y los ftalatos
El otro punto de cambio con respecto al documento que llegó al Senado tiene que ver con el veto al uso de Bisfenol A y los ftalatos, acordado por los principales partidos que forman el Gobierno en su paso previo por el Congreso. El Senado estableció una enmienda para que estos compuestos no quedará prohibidos tal y como se decidió inicialmente, sino que se abogaba por la restricción de estas sustancias en función de lo que establezca el reglamento europeo que fija las directrices sobre su uso. En este sentido, actualmente la Unión Europea esta trabajando en un nuevo documento al respecto que fijará un calendario para la erradicación de aquellos que considere que son perjudiciales para la salud.
Sin embargo, el Congreso ha rechazado esa enmienda de plano volviendo al contenido original aprobado por esta cámara hace unas semanas. Con la prohibición del Bisfenol A y los ftalatos se cumple una de las grandes demandas de la Alianza Residuo Cero -formada por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Rezero y Surfrider-, quienes habían denunciado estos días la enmienda del Senado que solo restringía su uso. Para estas entidades, la nueva ley debería de haber sido más ambiciosa en aspectos como la prevención de residuos en origen o la recogida de calidad, es decir, sin impropios, de la fracción orgánica de los residuos municipales. Asimismo, entre las enmiendas rechazadas hoy en el Congreso se elimina otra relativa al carácter finalista del impuesto al packaging plástico, con la que se buscaba que las cantidades recaudadas se destinaran «de manera preferente» al desarrollo de mejoras tecnológicas relativas a la recuperación de materiales, así como campañas de sensibilización y educación.
La aprobación de esta norma, que afecta en varios puntos al mundo del packaging, representaba una urgencia para el gobierno toda vez que es el medio para implementar en la legislación española la Directiva de Plásticos de un Solo Uso que debía de haber entrado en vigor en julio del pasado año. Aunque España no ha sido el único país en incumplir los plazos establecidos, a finales del pasado mes de enero la Comisión Europea abrió un expediente por no haber desarrollado la ley en tiempos, un proceso que se suma a otro relacionado con los incumplimientos relativos a la directiva de residuos 2018/851 que esta institución también tiene abierto para nuestro país desde finales del pasado año. En principio la aprobación de esta ley y la más que previsible publicación del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases en los próximos meses evitará que la Comisión lleve a España ante el Tribunal de Justicia de la UE para obligar a su cumplimiento.